La sociedad civil es el primer sector; la autoridad y legitimidad de las restantes instituciones humanas emanan de ella. El gobierno es el segundo sector, ya que es la institución mediante la cual los ciudadanos establecen y mantienen las reglas dentro de las cuales funciona el mercado para favorecer el interés humano. Las empresas del mercado funcionan como el tercer sector.

Globalizar las economías nacionales y otorgar libre dominio al poder empresarial, invierten ese orden; el mercado se convierte en el primer sector, el gobierno se subordina a los intereses empresariales y se debilita en grado sumo la capacidad de la sociedad civil para responsabilizar al gobierno por el interés público.

Desde la Cumbre de Miami, las negociaciones del ALCA han sido altamente centralizadas y monopolizadas por los ministerios de comercio y finanzas y de relaciones exteriores. El estilo cerrado y poco transparente de la negociación del ALCA jugó en contra de una participación significativa de la sociedad civil, bloqueando el acceso de los ciudadanos y debilitando opciones de delegación y autorregulación. Las negociaciones del ALCA, que además de temas comerciales, involucran temas sociales, ambientales, educativos y de recursos soberanos, no estuvieron ni están sujetas a un debate democrático. La oposición al ALCA no es un hecho que acontece simplemente por falta de información o que se maneja con la publicación en Internet del resultado de cada negociación; existen convicciones, valores y análisis de costos y beneficios en una gran cantidad de ciudadanos que consideran que el ALCA será altamente perjudicial para los pueblos latinoamericanos.

En la Séptima Reunión Ministerial del ALCA, celebrada en Quito, en noviembre del 2002, se estableció la necesidad de “fortalecer y profundizar procesos de consulta con la sociedad civil a nivel nacional”. Además, “identificar y fomentar el uso de mejores prácticas en la divulgación de consultas con la sociedad civil”.
En la Décima Reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) del ALCA, celebrada en Puebla, en abril del 2003, los Viceministros instruyeron al Grupo Sociedad Civil (SOC) para que elaborara un documento sobre mejores prácticas relativas a la participación de la sociedad civil en el proceso ALCA a nivel nacional y/o regional.
Esto fue reiterado en la Decimocuarta Reunion del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), celebrada en San Salvador, en julio del 2003.

La participación de la sociedad civil durante las negociaciones actuales del ALCA debe ser obligatoria y no meramente consultiva. La sociedad civil debe emitir recomendaciones. Esta participación durante el proceso debe ser canalizada a través de académicos, profesionales, sindicalistas, organizaciones no gubernamentales. Asimismo, debe existir una participación parlamentaria directa durante las negociaciones actuales.

Las políticas comerciales que se están negociando en el proyecto ALCA tienen directa incidencia sobre la distribución del ingreso de los pueblos del continente americano.

Finalizadas las negociaciones y en forma previa a la obligatoria discusión parlamentaria en torno al ALCA, debe efectuarse una consulta nacional para que los ciudadanos opinen si están de acuerdo o no con el ALCA. Además de “internalizar” los reclamos, haciendo participar a la sociedad civil en las negociaciones, solamente la consulta popular y una profunda discusión parlamentaria, le otorgarán legitimidad al proyecto ALCA, cualquiera fuese la forma que este adopte.

Los representantes parlamentarios, los cuales son funcionarios públicos elegidos por los ciudadanos para velar por sus intereses, deben tomar inmediata intervención en las negociaciones por el ALCA, considerando, además, la inconstitucionalidad de diversas disposiciones que se están aprobando en el transcurso de las negociaciones. Esta inconstitucionalidad ya ocurrió con varias normas surgidas de la Ronda Uruguay del GATT, que luego de aprobadas, se transformaron en legislación nacional sin un equilibrado análisis de costos y beneficios, en desmedro del orden jurídico constitucional y del objetivo prioritario del respeto por los intereses nacionales. Será recomendable tenerlo presente en el ALCA, que es la extensión de los objetivos nacionales de los Estados Unidos al mundo, a través de la Ronda Uruguay del GATT, y del modelo NAFTA para todo el continente americano.