La integración política es el proceso por el cual los actores políticos de varios ordenamientos nacionales diversos son persuadidos a desplazar sus lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o reclaman jurisdicción sobre los Estados nacionales preexistentes.

Los Estados nacionales existentes son comunidades políticas.

Aunque parecen gozar de la incuestionable lealtad de sus ciudadanos, no son unidades monolíticas; el pluralismo de grupos, valores e instituciones es, en la mayoría de ellos, característica distintiva.

Puede afirmarse que una población es leal a un conjunto de símbolos e instituciones cuando obedece, de manera habitual y pronosticable a través de prolongados períodos los mandatos de autoridad, y se dirige a ellos para la satisfacción de anhelos importantes. En parte, la existencia de tales sentimientos puede ser puesta a prueba por la regularidad de la anuencia popular de las decisiones fundamentales del gobierno; en parte también está a verificación por el tipo de examen de actitudes, relativo a la percepción de comunidad de aspiraciones difundido por las encuestas. La comunidad política, en consecuencia, es una condición en la cual grupos e individuos específicos muestran mayor lealtad a sus instituciones políticas centrales que a cualquier otra autoridad política, durante un período de tiempo específico y en un espacio geográfico determinado.

Las poblaciones de diferentes territorios pueden profesar una adhesión verbal al mismo conjunto de valores sin tener un sentido de comunidad importante para la integración, y por consiguiente para nuestro análisis, es una cuestión de mutuas afinidades y lealtades, de sentimientos solidarios y confianza, de identificación parcial en términos de ideas acerca de sí mismos y acerca de intereses comunes, de mutuas predicciones exitosas de la conducta y de acción cooperativa de acuerdo con ésta; en síntesis, es un permanente proceso dinámico de atención en conjunto, comunicación y correspondencia en la adopción de decisiones.
Así entendida, la integración política es una actividad gradual cuya conceptualización reposa en la percepción de intereses y valores por parte de los actores que participan en su ejecución.
La integración económica, sea cual fuere la manera mediante la cual se la defina, se basa en causas políticas y frecuentemente origina consecuencias políticas. La integración económica sin un desarrollo concomitante de las instituciones y políticas centrales, no ejerce ninguna presión para la reformulación de expectativas. Por ello, la libertad de comercio no puede ser colocada automáticamente en el mismo plano que la integración política, ni tampoco puede ser considerada como la interpretación de los mercados nacionales. Si la integración económica implica simplemente la eliminación de barreras al comercio y no está acompañada de medidas fiscales, laborales, sociales y de inversiones nuevas y centralizadas, su relación con la integración política no se establece. En cambio si la integración de una sección específica o de la economía general es simultánea con la gradual extensión del alcance de la adopción central de decisiones a tomar en el ámbito económico inicialmente no centralizado, la relación con el desarrollo de la comunidad política es evidente. Es necesario destacar, además, que el grado de éxito alcanzado, medido por pautas exclusivamente económicas - aumento del valor y el volumen del comercio, del monto de las operaciones, el nivel de los salarios, etc. - no es necesariamente un índice de éxito político. Los problemas económicos y las solicitudes de soluciones pueden marchar a la par con la exigencia de una acción política más federal; asimismo, la distribución desigual de los beneficios económicos puede originar oposición política allí donde antes no había. Por consiguiente, la medida del éxito político inherente a la integración económica yace en las demandas, expectativas y lealtades de los actores políticos afectados por el proceso, lo cual no se desprende, lógica y necesariamente, de los índices estadísticos del éxito económico.

La decisión de continuar profundizando el proceso de integración o de oponerse al mismo descansa en la percepción de intereses y en la articulación de valores específicos por parte de los actores políticos existentes.

El esquema supone finalmente que el proceso de integración desarrollará una nueva conciencia regional y también una nueva comunidad política, unificando así en torno a tal idea, a las anteriores conciencias nacionales que se han asociado. Sin embargo, los desplazamientos en el objeto de lealtad no implican necesariamente el repudio del Estado o Gobierno nacional.

Se ha demostrado empíricamente que pueden existir lealtades múltiples, ya sea porque no existe conflicto alguno entre los diversos objetos de lealtad, ya sea porque el actor político se acomoda psicológicamente para ignorar o sublimar el conflicto aún cuando exista en forma objetiva. La adhesión a nuevos objetos de lealtad, tales como símbolos novedosos u organismos supranacionales, puede producirse por un triple proceso por el cual se observa la adhesión a nuevo centro junto con el mantenimiento de la deferencia hacia los objetos anteriormente establecidos (símbolos nacionales, órganos del gobierno nacional). En primer lugar, las nuevas lealtades pueden surgir como valores últimos, es decir, se desea el nuevo orden como un fin en si mismo. En segundo lugar, las nuevas lealtades pueden desarrollarse simplemente en respuesta a una presión ejercida por el nuevo centro de poder. En tercer lugar, y esto es importante para el estudio de la integración política dentro del marco del consenso, se considera que las nuevas lealtades crecen fortuitamente en su función de intermediarios hacia algún fin último que puede ser el mismo por el cual se lucha dentro del contexto de lealtades establecidas. Así, los grupos de individuos inseguros de su capacidad de realizar determinados valores políticos o económicos dentro del marco nacional, pueden volverse hacia las nuevas instituciones aún sin sentirse atraídos por el nuevo proceso de desarrollo; si este proceso de desarrollo de dobles lealtades a través de tal mecanismo continúa durante un periodo suficientemente prolongado, las nuevas instituciones adquirirán finalmente el significado de valores últimos.

Resultará imprescindible en la instancia política de la integración haber identificado el Bien Común Regional, es decir, aquel o aquellos objetivos que los Estados miembros del bloque perseguirán en forma conjunta ya que su obtención beneficiará a todos ellos. Por otra parte, en la etapa de integración política comienza a diseñarse una política exterior y de seguridad común. En la actualidad, el único proceso de integración que ha comenzado a sentar las bases para ese objetivo es la Unión Europea. La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea es aún una estructura de cooperación en materia de político exterior creada para los Estados Miembros de la Unión Europea; no es por el momento un instrumento de integración, si bien se pretende que en el futuro lo sea. La PESC ha sido excluida del sistema de Derecho Comunitario europeo ya que sus sistemas de gestión, ejecución y adopción de decisiones se rigen por el modelo intergubernamental (aunque vinculada a órganos comunitarios como la Comisión).

El Tratado de la Unión Europea establece en su artículo B el objetivo de afirmar la identidad de la Unión en el ámbito internacional mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que incluya, en el futuro, la definición de una política de defensa común que podría conducir a una defensa común.

Así, la Unión Europea ha transitado por las etapas de un proceso de integración que comprende una Zona de Libre Comercio, una Unión Aduanera, un Mercado Común, Unión Económica y Monetaria; estas son etapas esencialmente económicas y sociales, con una base jurídica. La última etapa de este proceso, tal como se lo definió en el Tratado de Maastricht de 1992, supone una integración política: relaciones exteriores comunes, una política europea común para seguridad interior y fuerzas armadas europeas comunes para defensa.
Desde el punto de vista de las relaciones externas, la integración requiere definiciones políticas, no solamente políticas económicas, sino políticas en el sentido de determinar relaciones internacionales de fuerza que inciden en cada comunidad. En tal sentido, resulta conveniente diseñar estrategias clarificando el objetivo político final de un proceso de integración. Para ello, es necesario identificar los intereses de cada Estado en particular, y fijar políticas de Estado en torno a la integración, aceptadas por todos o por la mayoría de los partidos políticos de esos Estados, comprometiéndose a aplicarlas en el caso de gobernar cualquiera de ellos.

Las pautas expuestas representan para el Mercosur materia de análisis y elaboración para así avanzar desde el actual esquema de integración fundamentalmente económico, diseñado en el Tratado de Asunción y en el Protocolo de Ouro Preto, hacia una verdadera integración política, mencionada en diversas ocasiones por funcionarios públicos de los cuatro Estados miembros pero carente aún de contenido instrumental.

Finalmente, se deberán robustecer los vínculos políticos internacionales entre los partidos políticos para coordinar decisiones y proyectar programas afines, ya sea por medio de bloques de integración o de mecanismos paralelos que les otorguen un renovado protagonismo en la conducción de los pueblos que han depositado en ellos sus esperanzas de progreso.